Reforma de la Ley de Comunas en CABA: ¿Reducción de gasto o concentración de poder?

La propuesta de La Libertad Avanza de transformar la mayoría de las funciones comunales en ad honorem desata un debate en la Legislatura porteña, con el PRO alertando sobre una posible pérdida de cercanía con el vecino y una centralización de la autoridad.

Buenos Aires – Un proyecto de ley presentado por La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha puesto sobre la mesa un debate clave sobre la estructura de gobierno local: la reforma de la Ley de Comunas. La iniciativa, impulsada por la presidenta del bloque de LLA, Pilar Ramírez, propone que el 86% de los integrantes de las juntas comunales pasen a cumplir funciones ad honorem, argumentando la necesidad de reducir el gasto público y optimizar la eficiencia estatal. Sin embargo, la propuesta ha generado fuertes resistencias, principalmente desde el PRO, que defiende el modelo actual y advierte sobre una potencial concentración de poder y un alejamiento de las necesidades vecinales.

La Ciudad de Buenos Aires se organiza territorialmente en 15 comunas, cada una con una junta comunal compuesta por siete miembros: un presidente con facultades ejecutivas y seis comuneros. En total, suman 105 representantes locales. La ley vigente establece que cada comunero percibe un ingreso equivalente al 60% del sueldo bruto de un legislador porteño, mientras que el presidente de la junta recibe el 70%. LLA estima que la implementación de su reforma podría generar un ahorro anual de aproximadamente $4320 millones, al tiempo que el gobierno de Jorge Macri (PRO) estima un gasto anual de unos $5300 millones en salarios para las juntas comunales [1].

Pilar Ramírez, líder del bloque libertario en la Legislatura, explicó que la intención es que solo cobren los 15 presidentes de junta y aquellos comuneros que efectivamente tengan funciones ejecutivas, mientras que el resto de los 90 comuneros desempeñaría sus tareas de forma voluntaria. Según los fundamentos del proyecto, las comunas han operado "en gran medida, como un mecanismo de ampliación del aparato estatal, sin traducirse en una mejora sustantiva en la calidad de los servicios, ni en una mayor eficacia en la gestión territorial" [1].

Desde el PRO, la postura es de marcado desacuerdo. Ezequiel Sabor, Secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, ha criticado duramente la propuesta, advirtiendo que "vaciarla de recursos humanos comprometidos solo sirve para que la gestión central pierda el foco y los problemas de los vecinos se queden sin respuesta" [1]. Sabor considera que la iniciativa libertaria representa "un alejamiento peligroso de la agenda real del vecino" y que centralizar todo el poder y el salario en el Presidente de la Junta "rompe el modelo colegiado que hoy nos da eficacia, velocidad y precisión en cada barrio" [1].

Contexto Político y Alianzas

La discusión sobre la reforma de la Ley de Comunas se da en un marco de tensiones políticas entre los socios de gobierno en CABA. Si bien el PRO y LLA comparten la administración de la ciudad, existen diferencias de enfoque en cuanto a la gestión y el tamaño del Estado. La propuesta de LLA se alinea con la política de "achicamiento del Estado" que el Gobierno nacional de Javier Milei ha impulsado desde su asunción, con una reducción significativa de empleos públicos en la Administración Pública Nacional y en empresas y sociedades estatales [2].

Actualmente, el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) controlan la mayoría de las presidencias de las 15 comunas (13 en total), mientras que el Partido Justicialista (PJ) preside las dos restantes. La Libertad Avanza, por su parte, cuenta con 12 comuneros en el conjunto de las juntas [1]. Esta distribución de fuerzas podría ser un factor clave en el debate legislativo.

La reforma planteada por LLA busca, en esencia, redefinir el rol de los comuneros, pasando de una función remunerada a una ad honorem para la gran mayoría. Los detractores de la medida argumentan que esto podría desincentivar la participación de profesionales y ciudadanos comprometidos, debilitando la capilaridad del Estado en los barrios y concentrando las decisiones en las figuras presidenciales de cada junta. Por otro lado, los impulsores de la reforma sostienen que se trata de una medida necesaria para optimizar recursos y eliminar estructuras que consideran redundantes o ineficientes, en línea con un discurso de austeridad fiscal.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 30, establece el número de integrantes de las juntas comunales [1]. Cualquier modificación a la ley que rige su funcionamiento deberá, por lo tanto, pasar por el tamiz de la Legislatura porteña, donde se dirimirán las visiones contrapuestas sobre el futuro de la gestión descentralizada en la capital del país.

La discusión sobre la reforma de la Ley de Comunas abre un interrogante fundamental: ¿se trata de una genuina búsqueda de eficiencia y ahorro estatal, o de una estrategia para centralizar el poder y reducir la representación vecinal? La respuesta a esta pregunta definirá el alcance y la efectividad de la gestión descentralizada en la Ciudad de Buenos Aires en los próximos años.

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Fuentes Consultadas:

• Los libertarios presionan por recortes en la Ciudad y apuntan contra los comuneros (lanacion)
• Gracias a Milei mas de 7 millones de argentinos mejoraron su calidad de vida en 2025 (derechadiario)